Remediacion En La Amazonia Otra Vez Postergada: De Los Retos Del Fondo Nacional Del Ambiente (Fonam)

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Published on: junio 21, 2017

Texto de Sarah Kerremans & José Fachín, asesor indígena de la plataforma de Saramurillo

Fotos del Archivo del Instituto Chaikuni & FECONAT

 

El 12 de Junio de 2017 fue declarado desierto el proceso de evaluación de selección en el Concurso Publico Internacional N°01-2017-FONAM para servicios de consultorías para elaborar los Planes de Rehabilitación de 32 sitios impactados por las actividades de hidrocarburos en las cuencas de los ríos Pastaza , Tigre y Corrientes. Ninguna de las empresas que se presentaron (Consorcio Tema Litoclean, J.Cesar Ingenieros & Consultores S.A.C. y Hidrogeocol-Ecuador CIA LTDA, Consorcio Ecodes Varichem, Seacrest Group Peru-NSF Envirolab S.A.C. , Domus Consultoria Ambiental) fueron calificadas como aptas para iniciar el importante trabajo de elaborar Planes de Rehabilitación que deben llevar al labor de una remediación efectiva en estas cuencas amazónicas tan afectadas por la actividad petrolera.

El concurso arrancó el 20 de abril y hubiera llevado a la selección de una empresa consultora apta para elaborar dichas Planes en un plazo no mayor a 270 días desde la fecha de contratación. Los Planes deben caracterizar los 32 sitios impactados priorizados, además de evaluar el riesgo a la salud y ambiente, y proponer métodos de rehabilitación con una valorización económica. La elaboración de los planes es previa al inicio de las actividades de remediación. Sin embargo el gobierno se comprometió a iniciar las labores de remediación integral en el 2017. Con el Concurso actualmente declarado desierto, se posterga una vez más la atención a una de las demandas más fundamentales de las poblaciones en las cuencas de Loreto. Existe además el temor que el próximo paso es no aplicar los requisitos mínimos planteados en este concurso y que se proceda con contratar a una empresa menos adecuada para un trabajo tan especializado.

¿ Y qué pasará con los otros sitios no incluidos (solo en el lote 192 existen aprox 2000 sitios impactados)? ¿Se explotará petróleo agresivamente en ellos para hacer rentable el oleoducto norperuano y aumentar el canon y las regalías que contribuyan a un pacto social? Remediar 32 sitios no resolverá las demandas pendientes ni la latente conflictividad social.

Propuesta de extracción petrolera agresiva en Loreto

El 19 de mayo del 2017, la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a pedido de las organizaciones indígenas del circuito petrolero en Loreto y bajo el liderazgo de la congresista María Elena Foronda, convocó una Audiencia Pública descentralizada en la ciudad de Iquitos. Aparte de debatir la urgencia y necesidad de aprobar la ley de vigilancia y monitoreo ambiental y social indígena, se presentaron los avances de la Comisión de Investigación de los derrames en el Oleoducto Norperuano (ONP). El congresista Cesar Villanueva, quien lidera dicha Comisión, adelantó que hasta la fecha se ha podido constatar que en ese tema se ven dos problemas grandes: el descuido en el mantenimiento y la corrupción. Para la viabilidad del ONP en el futuro, se necesita una inversión fuerte. Por ello el congresista presentó dos opciones: o no se invierte, y se deja como está, o se trabaja hacia una mayor productividad, para que bajen las tarifas (ahora aprox 10 USD /barril). De acuerdo al congresista, tendría que haber un incremento explosivo de la producción para salvar al ONP. Bajo la condición de un nuevo pacto social con las comunidades, ellas puedan aceptar ese nuevo modelo, según manifestó Villanueva en la Audiencia.

¿La remediación efectiva no forma parte de un pacto social creíble?

Las autoridades tienen conocimiento de que los pueblos indígenas del circuito histórico petrolero (lote 192, lote 8, a lo largo del ONP) desde hace ya varios años vienen poniendo en agenda la remediación de sus territorios. Pero una remediación efectiva e integral. Asimismo, en el lote 192, con miras al vencimiento del contrato de la Pluspetrol Norte SA en agosto 2015 y el proceso de consulta previa para la nueva licitación en el lote 192, diferentes organizaciones indígenas han planteado cinco condiciones mínimas que deberán ser atendidas antes de cualquier proceso de consulta previa, entre ellas, la remediación de sus territorios. Esta fuera del alcance de ese artículo hablar de la magnitud del daño ambiental de más de cuatro décadas de actividad petrolera en Loreto, pero para dar una idea: solo en el lote 192 existen un aprox. de 2mil sitios impactados (según registros de OEFA y la misma empresa Pluspetrol). A lo largo del ONP, la situación solo se empeoró en los últimos dos años: luego de los derrames en 2014 (Cuninico, San Pedro) en el 2016, se registraron más de 12 derrames que han causado destrucción y sufrimiento. Las poblaciones denunciaron en varias ocasiones los métodos de remediación utilizados que no son efectivos: en general, después de las labores de remediación, cuando se remueve la tierra el crudo reaparece, el suelo remediado no es apto para ningún cultivo y durante la inundación, la lluvia hace que aflore el crudo en la superficie.

A raíz de las demandas de los pueblos indígenas de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, se aprobó, en mayo del 2015, “la Ley que crea el fondo de contingencia para la remediación ambiental” (Ley N° 30321). El fondo se creó para financiar acciones de remediación ambiental de sitios impactados, como consecuencia de la explotación de hidrocarburos que han implicado riesgos a la salud y al ambiente y ameritan atención prioritaria y excepcional del Estado. Como es de conocimiento, se transfirió a dicho fondo 50 millones de soles (S/. 30 desde MINEM y S/. 20 desde OEFA) como fondo semilla para acciones de remediación en el ámbito geográfico de las cuatro cuencas amazónicas afectadas. El fondo está administrado por una junta compuesta por nueve representantes, incluyendo a cuatro representantes indígenas de las respectivas cuencas. Según el reglamento de la ley (DS N° 039-2016-EM), han sido tomados en cuenta los representantes de cuatro organizaciones indígenas de cuatro cuencas, que son las que participaron de la Comisión multisectorial que había funcionado según lo indicado en la resolución Suprema Nº 119-2014-PCM. Ellas son: FEDIQUEP, FECONAT, ACODECOSPAT y FECONACO. El reglamento fue aprobado a fines de 2016, es decir, casi dos años después de la publicación de la ley. Su aprobación fue acelerada gracias a una masiva protesta de pueblos indígenas procedentes de cinco cuencas afectadas por la actividad petrolera, quienes estuvieron unidos en la comunidad nativa de Saramuro/Saramurillo, desde enero hasta diciembre del 2016 (véase Acta de Saramurillo: El Gobierno se compromete a aprobar el Reglamento de la Ley del Fondo de Remediación Ambiental a más tardar el 15 de enero de 2017).

Uno de los siete puntos de la plataforma integral planteada por las organizaciones indígenas en Saramurillo (existen unas 20 organizaciones en el ámbito del circuito histórico petrolero) fue la remediación efectiva. Una respuesta a esa demanda o una solución propuesta por parte de la comitiva del Estado durante el diálogo intercultural político que se llevó a cabo en ese lugar fue el trabajo a través del FONAM. Por ello, pero no sin fuertes debates (véase más adelante), se llegó en Saramurillo a los siguientes acuerdos adicionales respecto al funcionamiento del FONAM:
• Los representantes del gobierno se comprometen a impulsar una iniciativa legislativa para modificar la Ley 30321 a fin de incluir a un representante de la cuenca del rio Chambira, en el más breve plazo.
• A partir de la fecha la mitad de las reuniones de la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para remedición ambiental será descentralizada. Las organizaciones definirán a su representante por cuenca, el mismo que será comunicado al FONAM. La representación por cuenca puede ser rotativa. Este mecanismo debe ser recogido en el reglamento de la Ley 30321. El FONAM brindará las facilidades para la realización de las sesiones.

El Fondo de Remediación Ambiental (FONAM) cumplió más de dos años: ¿qué se hizo?

Ahora han pasado más de dos años desde la publicación de la ley y existen diferentes miradas sobre ese tiempo. Desde una mirada técnico legal se pudiera decir que esos dos años han servido para decidir sobre una distribución equitativa (S/. 12.5 MM por cuenca), publicar un listado de 32 sitios impactados priorizados por la junta (es diferente al listado propuesto por OEFA inicialmente), construir instrumentos importantes (reglamento de la ley determinando, entre otros asuntos, el instrumento de gestión ambiental aplicable, TDR), y a la vez asegurando la participación indígena en la toma de decisiones y en las labores (la demanda laboral desde las comunidades y empresas comunales parece ser un constante en tiempos de poca actividad petrolera, en una zona que depende desde hace más de cuarenta y cinco años de dicha actividad; es decir, el tema laboral forma parte de las agendas indígenas).

Se debe admirar y felicitar la perseverancia y el esfuerzo de muchos de los que participaron en los diferentes espacios y reuniones del FONAM durante estos dos años. Sin embargo, es bueno evaluar los dos años de vida del FONAM desde otra perspectiva, más política y de defensa de derechos.

¿La tecnificación puede llevar un proceso de defensa de derechos a la dilatación?

El FONAM en sus diferentes espacios (junta, grupos técnicos) se ha reunido un sinnúmero de veces en los últimos dos años. Tanto el número de reuniones, como la “sorpresiva agenda” para solucionar vacíos en la normativa (debido a la difusa definición y/o interpretación de la ley) han alimentado otra mirada igualmente legítima que el FONAM ha servido, en momentos claves (como durante el proceso de consulta previa del lote 192, el retiro de la Pluspetrol del lote 192, la medida de defensa en Saramurillo) a tener entretenidos en un espacio netamente técnico legal a actores fundamentalmente políticos. O dicho de otra manera, un dialogo técnico con las organizaciones indígenas puede servir para otros fines, cuando en realidad se requiere de un alto nivel de voluntad política desde diferentes sectores.

No solo algunas comunidades aisladas descontentas o desinformadas cuestionaron el lento proceso y el “reunionitis”. También desde FECONAT, organización antigua representativa de más de 25 comunidades Kichwa en el rio Tigre, que nunca dejaron de defender sus derechos y que legalmente forma parte del FONAM desde su inicio, se ha cuestionado en varias ocasiones esa tecnificación y, a la vez, el alejamiento de las demandas de fondo. Asimismo, en julio 2015, durante el proceso de consulta previa, la FECONAT suspendió su participación en las reuniones del FONAM por enfocar en el importante proceso en marcha. De septiembre a diciembre del 2016 hizo lo mismo durante la medida de defensa en Saramurillo, en la cual participó activamente. En una carta que FECONAT envió al FONAM, 27/9/2016, dice:

“…Mediante lo presente dejamos constancia de lo siguiente: Que desde hace 27 días hay una protesta indígena en el rio Marañón nacida desde los propios pueblos como producto de años de contaminación y sufrimiento por la actividad petrolera y a la vez los pocos resultados. Es ilegitimo estar dialogando en Lima mientras que los pueblos están reclamando la remediación inmediata. La FECONAT es parte de esta protesta legítima e invoca que se tome cartas en el asunto para solucionar las demandas de fondo para todos que vivimos en las cuencas afectadas….”

Para la participación en reuniones técnicas, FECONAT observó varias veces organizar las reuniones en la ciudad de Iquitos para facilitar su participación. Cuando a fines de 2015 cuatro comunidades del Alto Tigre, llevado por el ex presidente de la FECONAT, decidieron formar una nueva organización (OPIKAPFE) y exigieron participar en las reuniones del FONAM, FECONAT manifestó desde el inicio espíritu positivo para resolver el problema en beneficio de la cuenca. Así consta en el acta de la segunda sesión de la junta, llevada a cabo el 16 de diciembre 2016 en Iquitos. Es de esa manera OPIKAPFE está participando en las reuniones con voz, aunque sin voto (por el argumento de la legalidad de FONAM). Es más, FECONAT planteó ante la junta que se los debe integrar por ser todos familiares y pertenecer al mismo pueblo afectado. Por ello acepto que OPIKAPFE participe en el ámbito del recién constituido comité de selección para la empresa consultora.

Durante los debates en Saramurillo, tanto FECONAT como los representantes de otras organizaciones que aún no forman legalmente parte del FONAM cuestionaron fuertemente el funcionamiento de este Fondo por ser un ejemplo de lo que pasa en muchos espacios de diálogo que lleva el Estado peruano: pocos resultados tangibles, “reunionitis”, tecnificación de los debates, la toma de decisión en grupos limitados, reuniones muchas veces en la capital y alejadas de las asambleas comunales. También se cuestionó las representaciones en el ámbito de la junta de administración.

¿El estado tiene la obligación de incluir a todos afectados en los mecanismos de participación?

Existe por parte del Estado la estrategia de procesualizar las participaciones en los espacios de diálogo, de manera que muchas veces se convierten en espacios “cerrados”. Es difícil para las organizaciones y dirigentes indígenas no entrar en esa misma lógica: el Estado y/u otros actores manejan un lenguaje de representatividad y legalidad que atrae y que da un aval al trabajo y esfuerzo de uno o varios. Al aparecer otras representaciones, los mismos pueblos empiezan a manejar un lenguaje con argumentos de legalidad y legitimidad (no están en la ley, ellos recién se inician, recién se preocupan, la agenda de ellos no es legitima) que distraen del debate de fondo. Es decir, los mismos pueblos entran en la lógica de lo procesual y del debido proceso, muchas veces olvidándose de sus propios usos y costumbres en los procesos de toma de decisión. En algunas ocasiones, como en la de FONAM, se ha creado grupos técnicos, como de soporte a su junta de administración, en cuyo ámbito la participación es para interlocutores técnicos/profesionales, en su mayoría no indígenas. Es decir, para que las organizaciones puedan financiar o encontrar un apoyo determinado. No todos logran ser apoyados de la misma manera, incluso algunas ONG/profesionales, por desconocimiento o interés, adoptan un mismo discurso de legitimidad (lo que es lejos de su rol). De hecho, eso genera desigualdades en la participación y en el acceso a la información, y por consecuencia en la toma de decisión, o en otros casos, apropiación por los interlocutores del tema. Es por ello que en Saramurillo se rechazó fuertemente el camino del debate técnico eterno, y se propuso un debate intercultural, de apu a apu, sin interlocutores.

Asimismo, en Saramurillo se ha cuestionado con más fuerza la representación en FONAM para el rio Marañón ya que en su ámbito existen muchas organizaciones. (“Según lo que escuchamos acá, el Marañón es una sola persona. Pero hay muchas federaciones en el Marañón. No se puede permitir que unas personas deciden del futuro de las cuencas y de nuestro futuro”, Miguel Manihuari, Presidente AIDECOS, debate Saramurillo). Pero también desde las otras cuencas se cuestionó el hecho de que no todos afectados fueran convocados por el Estado a participar en el ámbito de la ley. La contaminación no es un elemento estable, ni puede ser utilizado para una competencia entre organizaciones que representan un mismo pueblo afectado por los mismos responsables. (“La mesa de diálogo no ha sido cuatro cuencas, ha sido cuatro federaciones”, Daniel Saboya, presidente FEPIAURC, debate Saramurillo). Además que las dinámicas de las organizaciones son propias y es un proceso constante. Es por ello que en los debates en Saramurillo se cuestionó también el método usado por la junta para la priorización de los 32 sitios. Respetando el espíritu de la ley, la intervención debe ser priorizada según variables de mayor riesgo a la salud y el ambiente, y no sobre la base de otras variables posibles (por ejemplo, si pertenecen o no al ámbito geográfico de una u otra organización, para después argumentar que dicha organización tiene más sitios priorizados).

Para contribuir a una solución sobre el tema de la representación, en Saramurillo se acordó que el representante de cada cuenca iba a ser elegido por cuenca según los usos y costumbres de los pueblos. Además, se acordó que la mitad de las sesiones deben realizarse de manera descentralizada, en Iquitos o en las cuencas, para reforzar la participación indígena y el dialogo intercultural, sin interlocutores de Lima.

Sin embargo, al aprobar el reglamento a la ley el día 26 de diciembre del 2016, el Estado no integró ninguno de estos acuerdos. Al aprobar el reglamento sin integrar esos acuerdos, a solo pocos días de habérselos suscritos, el FONAM perdió la oportunidad de enriquecer su mecanismo de participación e integrar a todos los afectados en las cuencas. La esperanza fue que este gobierno sea diferente y quiera establecer un nuevo pacto social con los pueblos indígenas. Por esto, los pueblos exigen el cumplimiento de dichos acuerdos y la modificación de la ley y del reglamento. Durante su último viaje a la capital, los líderes exigieron el día 15 de junio en reunión con los sectores que FONAM organice urgente una sesión descentralizada invitando a todos los afectados y responsables.

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