Después De Más De 5 Años De Diálogo En El Lote Petrolero 192, Desconfianza Agudizada Entre Pueblos Indígenas Y Estado

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Published on: agosto 9, 2017

Fotos de Bryan Parras, Liana Lopez, Clement Guerra y Sophie Pinchetti
Texto de Sarah Kerremans Instituto Chaikuni y José Fachín, asesor indígena de las cinco cuencas

El lote 192, lote petrolero más importante del Perú, abarca distintos ríos y esta afectando a territorios indígenas de diferentes nacionalidades, como los Achuar, Quechua, Kandoshi, Urarinas, Kukamas. Aparte de su riqueza cultural, la zona albergue una biodiversidad fabulosa. La actividad petrolera en esa zona se inició en los años 70 y los pueblos indígenas que viven en el ámbito directo e indirecto del lote192 (ex lote 1AB) están organizándose desde hace más de diez años para que se les atiendan sus demandas, luego de más de cuatro décadas de actividad petrolera.

La última movilización en protesta por la contaminación comenzó el 1º de septiembre de 2016. Tuvo como centro las comunidades de Saramuro/Saramurillo, río Marañón. Ella dio lugar a la unificación de distintos pueblos indígenas de cinco cuencas amazónicas, algunas de ellas ubicadas dentro del lote 192. La medida de fuerza en defensa de su territorio se mantuvo durante 117 días.

La sociedad urbana loretana, y en general la sociedad civil nacional, no se les ha dado a estos pueblos y a sus medidas de defensa el respaldo ni el reconocimiento que merecen. Es poco decir que lo ocurrido en esta zona de la región Loreto es pavoroso y sin duda criminal. Los abuelos, los padres y madres indígenas y a la vez los “urbanos”, entre ellos Iquiteños, limeños, andinos, etc que trabajaron en el lote 192, pueden dar testimonio de lo que ocurrió y ocurre en esta zona alejada.

Pueblos indígenas de 5 cuencas protestan en Saramuro-Saramurillo en la Amazonía peruana. Foto Sophie Pinchetti
A la cabeza de la página: Mujeres Kichwa, Iquitos. Foto Clement Guerra

La larga exposición a materiales tóxicos y la afectación desproporcionada de grupos específicos de una población ha sido denominada como “violencia lenta”, una violencia extendida en el tiempo y espacio que contribuye a constituir grupos y lugares que son destinados al “sacrificio”.

Esta violencia lenta y sistemática de más de cuatro décadas será revelada por la denominada Comisión de la Verdad, que debe ser implementada conforme los acuerdos de Saramurillo (diciembre 2016).

No solo no se ha respaldado a estos pueblos. Es más, se les ha dicho públicamente de todo (terroristas, extorsionistas, etc.) y distintos líderes están perseguidos penalmente. La opinión pública aparentemente está convencida de que los pueblos fueron atendidos mediante diferentes espacios de negociación, diálogos, acuerdos etc. Es así que la figura de diálogo en marcha y/o de acuerdos firmados, da la imagen de fortalecimiento o renovación de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. La imagen es errónea.

Para entender los reclamos de estos pueblos indígenas y la permanente conflictividad en las cuencas de Loreto es necesario informar mejor a la sociedad urbana respecto a los procesos realizados: el resultado de más de cinco años de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas del lote 192 es una desconfianza aún mayor.

Asimismo es correcto decir que el proceso de consulta previa llevado a cabo de mayo y agosto de 2015 contribuyó a la agudización de esta desconfianza y por ello eso de ninguna manera pueda servir de antecedente, buena práctica de diálogo intercultural o goce pleno del derecho a la consulta previa.

El proceso de consulta previa para el lote 192, Iquitos, 2015. Foto Bryan Parras & Liana Lopez; Dangerous Media. Arriba

Proceso sui generis, proceso afectado

El proceso de consulta previa llevado a cabo en el lote 192 en 2015, fue un proceso muy particular (sui generis). Así lo afirma la exvice ministra de Interculturalidad Patricia Balbuena (en adelante la exvice ministra): que el caso del proceso de consulta previa del lote 192 constituye un caso particular por ser el primero en etapa de explotación y con un antecedente de conflictos sociales que fueron canalizados mediante una mesa de diálogo presidida por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM), durante cuatro años (Balbuena, 2016). Agrega que no solo el sector responsable fue convocado, sino también otros: “En el caso del lote 192, el Minem convocó a otros sectores a participar en el proceso, y sus representantes suscribieron acuerdos que los comprometieron en el marco de sus competencias. Sin embargo, como se ha señalado, este es un caso sui géneris”.

Es necesario completar y aclarar la lectura de la exvice ministra y lo hacemos sobre la base de la experiencia de acompañamiento antes, durante y después del mismo proceso a la FECONAT (Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre), organización representativa del pueblo Kichwa desde los años 90.

Este proceso de consulta previa no solo fue muy particular por las razones mencionadas, también porque: el proceso se llevó a cabo en distintos espacios con diferentes representaciones – en realidad hubo distintos procesos- y finalmente llevó a la firma de dos actas de consulta previa con dos grupos distintos; a la vez llevó a la conclusión unilateral del proceso por parte del Estado para otros grupos, sin firmar ningún acuerdo.

Además el proceso fue negativamente afectado por una serie de elementos. Sin pretender ser exhaustivo: en primer lugar en el proceso no fue tomado en cuenta el pasado, en segundo lugar fue afectado por el proceso paralelo de la Comisión de Desarrollo; en tercer lugar fue afectado por el proceso paralelo de la nueva licitación del contrato en el lote 192; y finalmente no se respetó la normativa respecto a la consulta previa.

Madre indígena y miembro de FECONAT, Julia Chuje Ruiz durante el proceso de la consulta previa en Iquitos, 2015. Foto Bryan Parras & Liana Lopez; Dangerous Media

Afectado por el pasado

En el lote 192 se trataba pues de un primer proceso de consulta previa a pueblos indígenas ya impactados por una actividad petrolera previa de más de 45 años. Planteado de otra manera: no se trataba de dialogar de posibles afectaciones, sino más bien de afectaciones acumuladas ya producidas. Durante el proceso, la FECONAT planteaba que la consulta en el lote 192 se hiciese sobre un área que ha sido declarada en situación de emergencia ambiental y sanitaria. Además, los Kichwas señalaron su gran preocupación por el hecho de no contar con un Plan de Abandono aprobado en la zona impactada, lo que generó aún más incertidumbre para sus tierras y poblaciones. Señalaron que no se podía hablar de las afectaciones futuras sin tomar en cuenta la falta de solución de las afectaciones del pasado. En este sentido exigieron organizar el debate y diálogo sobre la base de afectaciones acumulativas, considerando que ‘cualquier actividad en el marco de una nueva exploración/explotación viniese profundizando las afectaciones ya existentes comprobadas a nuestros derechos a la vida y colectivos’ (Acta de evaluación interna del pueblo Kichwa). Es así que ese proceso de consulta previa del lote 192 se enmarca en un contexto previo de años de sufrimiento, contaminación, protesta y criminalización de la protesta (los Kichwas del Tigre cuentan con varios líderes judicializados).

La exvice ministra (Balbuena 2016) se pregunta si las comunidades esperan una respuesta estatal, si esta depende solo de la actividad extractiva. Se pregunta además desde qué institucionalidad se puede responder a demandas de otros derechos que nacen en procesos de consulta previa. En el caso de lote 192 las demandas no nacieron en el proceso de consulta, ni nunca estuvieron desvinculadas de la misma actividad extractiva. Las demandas nacieron mucho antes, como bien demuestra la conflictividad y los diálogos en los años anteriores. En este caso, para las demandas en los ámbitos de titulación, educación intercultural, salud intercultural etc. fue necesaria una respuesta diferenciada, justamente por esa afectación previa de años de actividad petrolera (superposición de derechos, afectación del medio ambiente etc.).

Al no realizar el análisis sobre la base de “las afectaciones acumuladas y acumulativas” se ha visto alterada la calidad del análisis de la afectación directa y finalmente es correcto decir que el Estado perdió la oportunidad de dar respuestas adecuadamente diferenciadas que hubiesen sido un inicio para atacar los problemas de fondo.

Afectado por el proceso paralelo de la Comisión de Desarrollo

Esto lleva a identificar una particularidad muy importante: la estrecha vinculación que tuvo ese proceso de consulta con procesos de diálogo respecto a demandas del pasado, que se habían llevado a cabo en el marco de dos comisiones multisectoriales (2012 y 2014). Los diálogos de la última, la denominada Comisión de Desarrollo de las cuatro cuencas, fueron llevados antes pero a la vez simultáneamente al proceso de consulta previa.

Sin embargo, es correcto decir que se logró solucionar las demandas de los pueblos. En su Informe (Resumen Ejecutivo- noviembre 2015) la ONDS-PCM quien presidió la Comisión, señala “que el diálogo en la Comisión de Desarrollo ha contribuido a la solución de las siguientes condiciones: remediación ambiental, titulación de tierras, servicios básicos y saneamiento de agua potable”. La realidad es otra a más de dos años: las plantas provisionales de agua potable no dan las debidas garantías, la remediación ambiental no inicia, y la titulación sigue en fase de expedientes y diagnósticos técnicos.

Llama la atención que la ONDS en su Informe Final no mencionó las demandas o agendas no atendidas, como la compensación por uso de tierras y la indemnización por daños causados. El Informe contiene otra conclusión errónea: “Atender estas condiciones ha viabilizado, también, la realización del proceso de la consulta previa del lote 192 (actual lote 1-AB), operada por la empresa Plus Petrol Norte”. Esa conclusión ha sido contradicha por los hechos: no se llegó a firmar ningún acuerdo en el proceso de consulta previa del lote 192 justamente con los grupos que sí firmaron el Acta final de este proceso de diálogo (Acta de Lima, 10 de marzo del 2015). Y fue ese grupo que recurrió a una medida de protesta cuando el Estado dio por concluido de manera unilateral el proceso de consulta previa para ellos. Es más, como se puede deducir de los pronunciamientos, la preocupación por el cumplimiento del Acta de Lima interfirió de manera importante en el proceso de consulta. Asimismo se puede concluir que el diálogo en la Comisión de Desarrollo tuvo más bien un carácter obstaculizador del proceso de consulta.

Ing. Carlos Vives de Perupetro durante el proceso de consulta previa en Iquitos, 2015. Foto Bryan Parras & Liana Lopez; Dangerous Media

Afectado por el proceso paralelo de licitación del lote 192

El proceso fue además gravemente marcado por el paralelismo y la afectación por el mismo proceso de licitación del lote 192. A menos de cuatro meses de que concluye el contrato del operador Pluspetrol Norte S.A. (29 de agosto de 2015), Perupetro S.A., agencia estatal de promoción de la inversión en hidrocarburos (en adelante: Perupetro) el 14 de mayo de 2015, convocó a una licitación pública para la concesión del lote 192. Esto lo hizo antes de que se aprobase un plan ni menos un acta de consulta previa. En el transcurso del mes de julio del 2015 las empresas Perenco del Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú, Pluspetrol Norte S.A. y Pacific Stratus Energy del Perú S.A. (en adelante Pacific), se encontraban calificadas y habilitadas para participar en el concurso.

Sin embargo, a fines del mes de julio 2015 y en plena etapa de diálogo del proceso de consulta previa, Perupetro anunció que el concurso se había declarado desierto porque ninguna de las empresas había presentado una propuesta. Luego a inicios de agosto 2015, Perupetro informó que, a efectos de asegurar el mantenimiento de la producción de petróleo en el lote 192, se estaba evaluando la suscripción de un contrato para la explotación de hidrocarburos mediante negociación directa y que esto podría ser de carácter temporal (dos años) o definitivo (30 años). Allí la incertidumbre se volvió total: ¿de qué se está consultando al final? Para los más de 200 representantes de la FECONAT, quienes estuvieron dialogando con el Estado en Iquitos, el proceso de consulta en marcha fue suspendido.

Si bien es cierto el dialogo fue retomado unos días después en Lima (con participación de mucho menos representantes del pueblo Kichwa), la (falta de) información respecto a la medida a consultar seguía generando incertidumbre e inseguridad: la consulta se había iniciado en base de otra información y las posibles implicancias, impactos y consecuencias de la nueva figura, la adjudicación directa y el contrato de servicios temporales de tan solo dos años, no fueron adecuadamente aclaradas.

Según la interpretación de la oficina de asesoramiento jurídico del Ministerio de Energía y Minas (en adelante: MEM) (Informe N°150-2015-MEM/OGJ, 30 de septiembre 2015), el proceso de consulta previa efectuado, abarcó tanto la suscripción del contrato de servicios temporal como el posterior contrato de licencia o de servicios para la explotación de hidrocarburos en el lote 192.

Es por lo menos remarcable que el Vice Ministerio de Interculturalidad (VMI) emitió una opinión, y esto anteriormente a la emitida por el MEM, señalando que la culminación del contrato de servicios de dos años de explotación de hidrocarburos en el lote 192 no debe suponer a priori un nuevo proceso de consulta (Oficio 309-2015-VMI-MC, 29 de agosto 2015). El VMI estuvo plenamente al tanto de las dificultades que se había encontrado durante el proceso, particularmente respecto a la falta de información de la medida a consultar, sus motivos, implicancias y consecuencias.

Líder indígena y Presidente de FECONAT, Fernando Chuje Ruiz, Iquitos, 2015. Foto Bryan Parras & Liana Lopez; Dangerous Media

Afectado por no respetar la misma normativa

Esto nos lleva a un cuarto punto: argumentamos que durante este proceso la misma normativa, como contemplada en la Ley 29785 y su Reglamento, no fue plenamente respetada.

El artículo 12 de la Ley 29785 establece que: «Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa». Como ya hemos mencionado líneas arribas, fue afectado el artículo 12 por la afectación de la (poca) información brindada respecto a la medida a consultar, generando confusión, incertidumbre e inseguridad.

Asimismo no fue respetado el artículo 15 que estipula que los acuerdos son de carácter obligatorio: los grupos que si llegaron a firmar acuerdos con el Estado, reclaman a dos años de su firma que el Estado no cumpla con lo acordado.

La exvice ministra reconoce el problema del no cumplimiento. Como obstáculos menciona lo siguiente: “Otro aspecto es que, en un país descentralizado, el cumplimiento de los acuerdos a los que el sector central se comprometa estará limitado por las dificultades de los gobiernos regionales para implementarlos. Un caso concreto es el lote 192, en el que los acuerdos en salud y titulación dependen de la implementación de las direcciones regionales correspondientes. La cadena que conduce al cumplimiento es compleja, y la articulación entre lo nacional y lo regional a veces no se logra ni siquiera con la transferencia de recursos.” (Balbuena 2016). La pregunta es si estas explicaciones son suficientes para justificar el no cumplimiento de los acuerdos.

Además fueron violados los principios rectores de la buena fe y del no condicionamiento (artículo 4 inciso c de la Ley, artículo 3 inciso del Reglamento). El Estado argumenta (Informe Final Lote 192) que el proceso de consulta previa de lote 192 se había desarrollado conforme a la norma al haberse suscritos acuerdos con un grupo y al haberse agotados todos los medios posibles para continuar con la Etapa de Dialogo con otro grupo, lo mismo, que según el Estado, condicionó el diálogo. Esta posición demuestra la gran desigualdad entre las partes en estos tipos de procesos: el Estado mismo condicionó el proceso en momentos claves. Un momento destacado fue el 14 de agosto de 2015, cuando se trató el tema de la participación directa en los beneficios proceso: los distintos grupos estaban todos (fue la única vez durante todo el proceso) reunidos en la Casa de la Literatura en Lima, juntos con, entre otros, la entonces Ministra de Energía y Minas Rosa Ortiz. El Estado propuso la creación de un Fondo Social que estaría formado por aportes periódicos realizados por el contratista equivalente al 0.75% del valor monetario de la producción fiscalizada, a ser depositados en un fideicomiso privado. Eso tenía que ser incluido como una cláusula en el contrato, y por ello la ministra manifestó que la propuesta no era negociable, ya que según ella se estaba bajo presión de tiempo (la licencia de la operadora Pluspetrol Norte S.A. estaba por concluir) y era técnicamente viable. Un grupo aceptó la propuesta, entre ellos los Kichwas del Tigre, considerando que, independientemente del monto, se había conseguido el respeto de un derecho muy importante (participación directa en los beneficios). Otro grupo cuestionó el porcentaje y pidió un día extra para realizar las consultas necesarias, lo que el Estado no aceptó. Días después se concluyó el proceso de consulta previa en el lote 192 con la firma de dos Actas de consulta previa con dos grupos, pero no con todos. Lo importante acá es resaltar que el Estado pudo condicionar el dialogo justamente por haberse formado distintos grupos y distintos espacios de dialogo.

Mujeres y niños indígenas Kichwa durante el proceso de consulta previa, Iquitos, 2015. Foto Bryan Parras & Liana Lopez; Dangerous Media

¿Y ahora que pasará?

Existen distintos grupos: grupos que si llegaron a firmar acuerdos en este proceso de consulta previa, y otros no. Todos tienen argumentos para demandar al Estado respecto al proceso llevado en el 2015.

Para los que si firmaron acuerdos es interesante lo que dice la exvice ministra: “A la fecha, no conocemos cuál sería el alcance de un proceso judicial que obligue al cumplimiento de los acuerdos. Y en vía administrativa tampoco queda claro cuál sería el mecanismo y el procedimiento. Pero es justamente este carácter obligatorio de los acuerdos lo que les otorga fuerza a los procesos de consulta previa y los diferencia de otros espacios de participación”. (Balbuena 2016)

Aparte de esto, actualmente, a dos años de la firma del contrato de servicio temporal de solo dos años entre el Perupetro y la empresa Pacific, los pueblos indígenas del lote 192 exigen un nuevo proceso de consulta previa, con miras al nuevo contrato que será de 30 años (Petitorio de FEDIQUEP a MEM con N°2694268 del 4/4/2017; Escrito a MEM de ORIAP con N° 2684956 del 1/1/2017; Oficio s/n a MEM, VMI, Perupetro de FECONAT y ORIAP del 2/8/2017). Considerando las afectaciones mencionadas anteriormente, les sobran argumentos para exigirlo.

El MEM, a través de su Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) respondió que la determinación de la pertinencia o no de realizar la consulta previa se evaluara al culminar el contrato de servicio temporal (Oficio 1044-2017-MEM/DGAAE del 9/6/2017; Oficio 1045-2017-MEM/DGAAE del 9/6/2017).

Y es justamente respecto a la situación actual del contrato de servicio temporal que existe poca transparencia. En mayo durante una reunión celebrada en la ciudad de Iquitos, Perupetro informó a la FECONAT y otras organizaciones que el contrato de servicios con Pacific (ahora Frontera Energy) no culminará el 30 de agosto del 2017 como fue previsto. Según la versión de Perupetro solo se ha ejecutado 6 meses del contrato, por lo que aún resta 18 meses adicionales que volverán a contabilizarse una vez que el Oleoducto Norperuano reinicie operaciones (en adelante: ONP). El motivo es la paralización del ONP (paralizado ya desde 2016) que no cuenta dentro de los 24 meses de contrato por constituir una situación de fuerza mayor. Si bien es cierto el 16 de febrero del 2017 la empresa pudo retomar la producción de forma restringida, esto tampoco cuenta para contabilizar los 24 meses, según Perupetro. Esto quiere decir que el contrato de servicios temporal vencerá a lo mejor en el 2019, pero dependerá del reinicio de la operatividad del ONP. (Hill David, 2017) Pese a esta explicación oficial, se ve que en el lote 192 la producción está aumentando considerablemente.

Derrame de petróleo del Oleoducto Nor Peruano, comunidad de Nueva Alianza, 2016. Foto de Video de Radio Ucamara.

Ahora, la paralización del ONP en el 2016 se debe a una situación gravísima de continuos derrames de crudo en los últimos años. Estos derrames causan y causaron daño ambiental y social en distintos lugares de la Amazonia Peruana. El transporte de petróleo por el ONP forma parte de las actividades de Petroperú, la petrolera estatal. Una Comisión Investigadora del Congreso de la Republica, “la Comisión Investigadora Multipartidaria para determinar la responsabilidad de los Funcionarios y Personas Naturales e Instituciones Públicas y Privadas que resulten responsables por los derrames de petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano”, fue implementada en noviembre del 2016 para un plazo de 120 días (recién ampliado con 90 días), para determinar causas y responsabilidades.

Cabe decir que uno de los acuerdos más importantes firmados en Saramurillo en diciembre del 2016 entre el estado y las poblaciones indígenas, estipula que MEM se compromete a contratar una empresa independiente que realice un Estudio Internacional del ONP y de los ductos de las baterías de los lotes 8 y 192, con la participación efectiva de una comisión de diez representantes de los pueblos indígenas, para ver la situación actual de estos.

Pueblos indígenas de cinco cuencas hidrográficas celebran acuerdos firmados en Saramurillo, diciembre de 2016. Foto Sophie Pinchetti

La pregunta es: ¿si la situación de la paralización del ONP constituye una situación de fuerza mayor? Según el Diccionario Español Jurídica fuerza mayor es:
1 Gral. Circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Son supuestos típicos de fuerza mayor los acontecimientos naturales extraordinarios como las inundaciones catastróficas, los terremotos, la caída de un rayo, etc. La fuerza mayor excluye la responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, en las relaciones entre privados y también cuando se trate de exigir responsabilidad a las administraciones públicas.
«La fuerza mayor, como tantas veces hemos declarado, no solo exige que obedezca a un acontecimiento que sea imprevisble e inevitable, como el caso fortuito, sino también que tenga su origen en una fuerza irresistible extraña al ámbito de actuación del agente […]. Debe consiguientemente examinarse si estamos o no ante una situación extraordinaria, inevitable o imprevisible, o si por el contrario nos hallamos en presencia de una situación previsible con antelación suficiente que hubiera permitido adoptar medidas a la Administración que evitasen los daños causados o determinar un incumplimiento de las medidas de policía que le correspondían en cuanto a la conservación del cauce» (STS, 3.ª, 31-X-2006, rec. n.º 3952/2002).
2 Int. púb. Circunstancia que excluye la ilicitud del hecho de un Estado o de una organización internacional que no está en conformidad con una obligación internacional, si ese hecho se debe a una fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto, ajenos al control del Estado o de la organización, que hacen materialmente imposible, en las circunstancias del caso, cumplir con la obligación……..(…)

Ósea, la pregunta es ¿si la situación actual del mal estado del ONP y su paralización constituyen realmente una situación imprevisible, inevitable, ajena al control del Estado y otros actores? O dicho de otra manera: ¿no fueron previsibles/evitables los derrames? Es la posición actual de Perupetro. Ahora, esta posición resulta poca defendible y la Comisión investigadora y el Estudio Internacional del ONP darán sin duda información clave respecto a las causas y responsabilidades (omisiones en los planes de mantenimiento, poco cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, actos de corrupción etc).

Parece que hay otro tema clave: la operación de Petroperú en el lote 192. Desde la modificación de la Ley N°30357 en octubre del 2015, Perupetro está autorizado a suscribir, previa evaluación y mediante negociación directa, el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192 con Petroperú, quien está facultada a convocar a socios estratégicos.

A fines de julio 2017, Perúpetro le notificó a Petroperú que no califica para celebrar contrato de operación del lote 192. Meses antes, en la reunión en mayo 2017 con las organizaciones indígenas, Perupetro informó que de no concretarse la contratación con Petroperú, convocará un proceso de licitación pública internacional del lote 192, en el que podrá participar cualquier compañía petrolera y además, según información de las organizaciones indígenas, Perupetro ya está convocando eventos presenciales en las comunidades del lote 192.

Sin embargo, hace poco, a inicios de agosto 2017, Petroperu y Frontera Energy solicitaron formalmente a Perupetro la calificación conjunta para ir a un contrato por 30 años. No esperarán la culminación del contrato temporal, según versión de Petroperú. ¿Violarán el derecho a la consulta previa?

Conclusiones

Los pueblos indígenas del lote 192 exigen mayor información y transparencia. Convocaron a una reunión de urgencia en la zona para que el Estado aclare la situación. Exigen que se les respeten sus derechos y en particular su derecho a la consulta previa para el nuevo contrato de 30 años.

Vea la Bibliografía aquí.

Vista sobre el río Tigre. Foto Bryan Parras & Liana Lopez; Dangerous Media

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