Por
La relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, exhorta al Estado peruano a detener “las amenazas, los ataques y la criminalización” contra aquellos que defienden el derecho a la tierra de comunidades indígenas o los derechos a un ambiente limpio.
El mensaje es claro. En el Perú existe una criminalización de defensores de los derechos humanos, ambientales y por el derecho al territorio. Además, se utiliza al Poder Judicial como medio para “silenciar” a los defensores. Así lo afirmó la actual relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, a partir del estudio de tres casos emblemáticos en que ciudadanos le dijeron no a la contaminación minera en los Andes.
Lawlor se refiere, en primer lugar, a la reciente sentencia de diez años a César Estrada Chuquilín por parte de la máxima estancia judicial nacional, la Corte Suprema de Justicia. Estrada “ha denunciado los desalojos forzados, el hostigamiento a la población y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto, conocida como "Conga", propiedad de Yanacocha S.R.L.”, según se cita en el comunicado oficial de la relatora Especial en la web de la ONU.
Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano Cornejo Reynoso son otros dos defensores a quien Lawlor cita como criminalizados por el Gobierno peruano. En este caso, ambos se opusieron al proyecto minero "Tía María" de la Southern Peru Copper Corporation, en el distrito de Cocachacra, en la región de Arequipa. Ambos fueron sentenciados por "entorpecimiento de los servicios públicos" y "motín".
En el caso de Jaime de la Cruz fue sentenciado a doce años y cuatro meses; mientras que Jesús Cornejo a siete años y cuatro meses. La sentencia de ambos se dio en primera instancia por el Primer Juzgado Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
"Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas", declaró Mary Lawlor.
Algunas de las denuncias realizadas por la relatora no son nuevas como la relacionada a Estrada Chiquilín de Cajamarca. El anterior relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, Michel Forst, durante su visita a Perú en 2020, había “señalado con preocupación (este caso)”, señala la ONU en su comunicado oficial.
En la Amazonía
Sin embargo, no solo los defensores de los DD.HH. en los Andes han sufrido ataques en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. En la Amazonía, la ingeniera forestal de la ONG Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, Lucila Pautrat Oyanzún, ha recibido amenazas y querellas judiciales por parte de la empresa TAMSHI S.A.C., por defender los bosques que la citada empresa deforesta mediante los monocultivos de cacao en la región de Loreto (Tamshiyacu).
En marzo del presente año TAMSHI demandó por "difamación" a Pautrat y exigió una reparación civil de hasta 100.000 soles (cerca de 300.000 dólares).
La exhortación de la experta Mary Lawlor al Gobierno peruano en favor de los defensores de los derechos humanos fue respaldada por otros expertos como Clément Nyaletsossi Voule, relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.
Crédito de portada: Sophie Pinchetti.
