Instituciones de la sociedad civil firman un pronunciamiento contra iniciativas de un congresista y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para extender el plazo de formalización de la minería ilegal e informal.

El Instituto Chaikuni y 28 organizaciones sin fines de lucro más firmaron un pronunciamiento en contra de un par de medidas legislativas que extenderían el plazo de formalización en unidades de la minería ilegal e informal. Una proveniente de un congresista de Alianza por el Progreso, y otra, por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las organizaciones firmantes se reúnen en el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad. ¿Cuáles son las iniciativas que favorecerían a la minería ilegal e informal? Aquí la primera.

“El Ministerio de Energía y Minas se compromete a realizar las gestiones necesarias con el Congreso de la República para impulsar la aprobación del Proyecto de Ley que aprueba la ampliación de plazo del proceso de formalización”, se señala en el Acta suscrita con fecha 13 de noviembre del 2021, la cual fue firmada por Jorge Chávez Cresta, viceministro de Energía y Minas; Alberto Rojas Cortegana, Director General de la Dirección General de Formalización Minera y representantes mineros de las regiones de La Libertad, Arequipa, Huánuco e Ica.

De acuerdo a las organizaciones del Observatorio, dicha acta está asociada al Proyecto de Ley 688/2021-CR “Ley que prórroga la vigencia del Proceso de Formalización Minera Integral”, que a su vez pretende extender el plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO hasta el año 2024. Este proyecto fue iniciativa del congresista del partido Alianza por el Progreso y representante por la región Madre de Dios, Eduardo Salhuana Cavides.

Además, este proyecto de Ley del congresista Salhuana permite el uso de dragas para este tipo de minería, cuando el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado en el pasado prohibiendo las dragas en los ríos amazónicos mediante la sentencia 00316-2011-PA.

Stefan Kistler, director ejecutivo del Instituto Chaikuni, resalta que este par de medidas legislativas incrementarán el impacto de la minería ilegal e informal en zonas en las que se encuentra en crecimiento, como en el río Nanay en Loreto.

“Durante la pandemia la situación parece haberse empeorado drásticamente, con un aumento preocupante de pequeñas dragas. Además de los impactos sociales adversos (de la minería ilegal) como alcoholismo, violencia, entre otros, hay toda una serie de afectaciones graves al medio ambiente causado por el uso de mercurio. Este tipo de medidas, que se proponen en las propuestas de ley, acrecentarían este tipo de afectaciones y pondrán en riesgo la salud y el abastecimiento de agua potable de la población en la cuenca del Nanay y la ciudad de Iquitos”, precisó Kistler.

En el comunicado, se resalta que el proceso de formalización minera inició en el 2002 con la Ley 27651. Dicha Ley está vigente hace19 años, “sin haber cumplido su objetivo inicial, el cual es el logro de la formalización integral del sector minero en el Perú”, se enfatiza en el pronunciamiento.

Las organizaciones de la sociedad civil finalmente exhortan al presidente de la República, Pedro Castillo; a la Presidencia del Consejo de Ministros; al Congreso y la Contraloría de la República a cumplir sus compromisos contra la minería ilegal e informal.

Para ver el comunicado completo lo puedes descargar aquí.